Han pasado casi seis años de uno de los gobiernos más irregulares de la historia de México, iniciado con un claro triunfo en las urnas en 2018 por parte de uno de los políticos que más se ha beneficiado de desarrollo de la democracia en nuestro país, pero que no ha sido claro ni en el cumplimiento de su responsabilidad de Gobierno ni, mucho menos, en el respeto a la democracia.
Como Jefe de Estado y Presidente de la República Mexicana, se ha comportado más bien como líder de un movimiento político radical, movilizando a los suyos contra una buena parte de la ciudadanía, provocando una profunda división entre diversos sectores de la sociedad, utilizando el nocivo principio maniqueo de “buenos” y “malos”, molestando constantemente a distintos personajes y grupos de la sociedad civil con sus discursos interminables cada mañana.
Contra su falsa pretensión de ser una persona honesta, podemos calificarlo como uno de los presidentes más corruptos y corruptores de nuestra historia, por sus dimensiones y su cinismo. No hay punto de comparación entre los escándalos de corrupción y malos manejos de las finanzas públicas de administraciones pasadas, sea del periodo del partido único del siglo XX o del breve periodo democrático del siglo XXI, con lo que ha sucedido en este sexenio: opacidad, falta de rendición de cuentas, negocios familiares y de amigos, ocultamiento de información a veinte o más años “por seguridad nacional” en el financiamiento de obras emblemáticas, desfalcos y fraudes con toda impunidad en instituciones gubernamentales y abandono de instituciones de primera necesidad para el servicio social: salud, educación, desarrollo del campo, pequeñas y medianas industrias, desarrollo de infraestructura nacional.
Por otra parte, ha trastocado constantemente las instituciones que garantizan las bases de la democracia, no sólo pasando por alto la división de poderes con su respectiva autonomía, sino también debilitando y atacando aquellas instituciones creadas para favorecer la legalidad de las acciones políticas y los equilibrios de representatividad social.
Las violaciones con plena impunidad a las leyes que rigen a todos los mexicanos han sido constantes por el presidente.
Uno de los ejemplos más claros ha sido en torno a las elecciones apenas realizadas. Dejó en segundo término sus responsabilidades constitucionales para convertirse en jefe de campaña electoral: comenzó el proceso electoral tres años antes, utilizó tiempo, recursos y estructuras de gobierno para imponer a su candidata y estructuró un mecanismo de fraude con los programas sociales y con otros mecanismos hasta el día de las elecciones.
El triunfo se puede decir que es legal por el cumplimiento de algunos procedimientos, pero profundamente ilegítimo por la violación de leyes y reglamentos de principio a fin.
Dos ejemplos de sus rencores y ocurrencias con las que ha manejado el país durante estos seis años causando graves daños: la cancelación del aeropuerto de Texcoco para comenzar y el golpe a la Suprema Corte de Justicia que quiere dar para concluir.
*Los artículos de opinión son responsabilidad del autor y no necesariamente representan el punto de vista de Desde la fe.
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