Personas desaparecidas

En México el registro de denuncias de personas desparecidas desde 2006 a la fecha es de 77,000 de acuerdo a Alejandro Encinas, subsecretario federal de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación.

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), plantea un número mayor y asegura que ahora existen 82,881 carpetas de investigación sobre personas reportadas como desparecidas.

Encinas reconoce que el 18% de las desapariciones han tenido lugar en los dos últimos años, ya en éste gobierno, y que 2019 es el año con el mayor número de casos en la historia del país con 8,970.

Al problema sistemático de la desaparición forzada se añade el del acceso a la justicia. De 2006 a 2019 la FGR y las fiscalías de 26 estados afirman que se iniciaron 46,626 carpetas de investigación por los delitos de desaparición forzada cometida por autoridades y/o particulares.

En el mismo periodo los poderes judiciales federal de esos mismos estados reportan únicamente el dictado de 73 sentencias condenatorias. Esto quiere decir que por cada 639 casos denunciados, solo hay una sentencia dictada. El nivel de impunidad es del 99.85 %.

Los estados con el mayor número de personas desparecidas son Jalisco con 11,503; Tamaulipas con 11,344 y el Estado de México con 8,777.

Las desapariciones forzadas son uno de los más graves problemas del país, pero el gobierno y la sociedad no valoran en su justa dimensión el nivel de la tragedia.

El Colectivo Una Nación Buscando T, organización de la sociedad civil sin fines de lucro, señala que son las familias, no las autoridades, las que buscan a los desparecidos en todo el país.

Y también que se entrega a las autoridades la información de los casos, pero estas, en los tres ordenes de gobierno, no dan respuesta. En los hechos no hacen nada.

Asegura que las familias y las organizaciones tienen que estar permanentemente presionando a las autoridades, para que no dejen a un lado las carpetas de investigación. No tienen una real voluntad de hacer frente al problema.

Dirigentes de algunas de las organizaciones que trabajan en la búsqueda de los desaparecidos me han dicho que este gobierno es muy semejante e incluso peor a los anteriores.

Es evidente que más allá de los discursos y la atención del caso emblemático de Ayotzinapa, de alta rentabilidad política, no hay una real voluntad de hacer frente al problema.

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