Rubén Aguilar Valenzuela.
La semana pasada el dictador Daniel Ortega, al arranque de su campaña para reelegirse por tercera vez consecutiva como presidente de Nicaragua, calificó a los obispos como “terroristas”.
Los obispos nicaragüenses son parte de los pocos grupos que han sostenido una actitud crítica al autoritarismo y a la violación sistemática de los derechos humanos por parte del gobierno de Ortega.
La Iglesia, junto con otros grupos nacionales e internacionales, se ha pronunciado calificando los próximos comicios como ilegítimos e ilegales.
Ortega ha encarcelado a los siete candidatos opositores entre ellos a Cristiana Chamorro, que según las encuestas es la que más posibilidad tendría de ganar la elección.
En versión del dictador, los obispos -en las manifestaciones ciudadanas de 2018- participaron en “un intento de golpe de Estado” por su apoyo a quienes protestaban.
El dictador dice que los obispos, con su posición, “se convirtieron en cómplices del terrorismo; o sea, los verdaderos responsables de esos actos de terrorismo”.
La Iglesia en los eventos del 2018, que evidenció el carácter represivo del régimen, se expresó de manera contundente contra la represión y la violación de los derechos humanos.
En aquel momento el gobierno reaccionó sitiando iglesias en los barrios y amenazando a sacerdotes que apoyaban a los participantes en las manifestaciones.
Éste julio, la Conferencia Episcopal de Nicaragua hizo pública su posición pidiendo “el respeto al voto del pueblo, para que las elecciones sean creíbles, justas y transparentes”.
Y también que se permitan “las concentraciones libres y se respeten los derechos humanos de todos los nicaragüenses” y también que se libere a los presos políticos.
Ortega, además de los candidatos, ha ordenado también el encarcelamiento de líderes históricos del sandinismo, de periodistas, de activistas sociales, de feministas y empresarios.
La Iglesia de Nicaragua es una voz citica a las atrocidades de la dictadura que encabezan el presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, la vicepresidenta.
Las elecciones tendrán lugar el próximo noviembre y el dictador, en las siguientes semanas, por su posición independiente, va a endurecer su política represiva en contra de los obispos y los sacerdotes.
La Conferencia Episcopal Mexicana (CEM), de manera pública, tendría que solidarizarse con la Iglesia de Nicaragua y con su pastores.
Y también denunciar la represión y la violación sistemática de los derechos humanos del régimen que encabeza Ortega y Murillo, a quienes el padre Ernesto Cardenal, llama la “pareja imperial”.
Twitter: @RubenAguilar
Rubén Aguilar Valenzuela es profesor universitario y analista político.
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