Nadie duda de que este país necesita urgentemente superar el deterioro en que vive una parte de nuestra sociedad. Prueba evidente no es sólo la creciente crueldad inhumana que se puede ver en la actuación de las bandas criminales y las acciones delincuenciales por todo el territorio, por la brutal forma de realizar los asesinatos, secuestros, robos y demás tropelías, sino, desafortunadamente también, en el comportamiento de muchas personas aparentemente tranquilas y de bien, que ante un problema entre vecinos, un incidente de tránsito o cualquier asunto menor, reaccionan con una violencia verbal y física que no es normal. México necesita superar indudablemente su decadencia moral, que también se manifiesta en las múltiples formas de corrupción.

Todo esto no es fruto de una sola causa, sino de muchos factores que han dado como resultado la pérdida de los valores humanos fundamentales que nos llevan a una carencia de valores cívicos y morales necesarios para la convivencia social.

Una gran parte de la sociedad aprecia las buenas intenciones del Gobierno Federal para emprender una cruzada nacional a fin de moralizar al país, pero, evidentemente, así como no se soluciona con una aspirina un cáncer que invade todo el organismo, tampoco se puede hacer gran cosa repartiendo un pequeño folleto de buenas intenciones, con todo y que tiene su autoría en un personaje intachable como Alfonso Reyes, sino que se requieren acciones de fondo.

Lo primero que le corresponde al Estado mexicano es revisar la orientación educativa en sus niveles básicos. Si no formamos a nuestras nuevas generaciones desde las aulas escolares en el respeto a los valores éticos y morales, estamos perdiendo la batalla desde el principio. Cuando el sistema educativo está más preocupado en introducir la nociva ideología de género, el Estado mismo es causante del deterioro moral desde la infancia.

Lo segundo que le corresponde al Estado mexicano es revisar las leyes que nos rigen desde la Constitución Mexicana, órgano fundamental de la convivencia social. Si lo que más preocupa al gobierno actual es cómo federalizar el aborto, la liberalización de las drogas y otras conductas inmorales, aún contra la sensibilidad de la población y las legislaturas locales, lo único que está propiciando es la degradación moral de la sociedad desde la raíz, porque si no somos capaces de respetar la vida desde sus inicios y buscar el sano desarrollo de nuestros jóvenes, menos se respetará la vida y la salud en otros momentos de nuestra existencia.

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Bien ha expresado la Conferencia del Episcopado Mexicano, a través de su Secretario General, que la Iglesia Católica tiene su propia tarea de evangelización y sus planes y proyectos pastorales para realizar su compromiso ante la sociedad. No es su tarea difundir un folleto, sino intensificar su compromiso en difundir el Evangelio, máxima expresión de humanidad, valores y exigencias morales y, al mismo tiempo, la Iglesia debe dar testimonio de ello con mayor autenticidad. Esta es su misión.

Respetando el principio del Estado Laico que establece la sana separación de Iglesia y Estado, sin dejar de lado el diálogo y la mutua colaboración, la Iglesia Católica en México, apoya plenamente los esfuerzos del gobierno para moralizar la sociedad, pero no se puede limitar a la difusión de un cuadernillo, sino a la revisión de la educación y las leyes. El gobierno debe apoyar a la sociedad en general, a las organizaciones civiles con finalidades humanistas en particular y a las asociaciones religiosas para ejercer con mayor libertad su tarea, a fin de trabajar juntos en la superación del grave deterioro social y moral en que hemos caído.

Ningún otro tema como éste nos hace ver que sociedad y gobierno no debemos ser enemigos, sino aliados, y juntos, en la responsabilidad de cada sector social y de cada dependencia gubernamental, debemos trabajar por la elevación moral de nuestras familias y nuestra sociedad.

*El P. Mario Ángel Flores es rector de la Universidad Pontificia de México

 

Pbro. Mario Ángel Flores

Comisionado de la Doctrina de la Fe en la Arquidiócesis Primada de México y miembro de la Comisión Teológica Internacional (CTI). Es director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano y fue rector de la Universidad Pontificia de México, cargo que ocupó durante tres trienios.

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