Además del español en el país existen otras 67 lenguas que hablan los pueblos originarios con 364 variables dialectales, según el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI).

De estas variables 64 se encuentran en muy alto riesgo de desaparecer y 43 en alto riesgo, en total 107, esto si en los próximos años las autoridades y la sociedad no hace algo para evitarlo.

México por su diversidad lingüística ocupa el quinto lugar a nivel mundial y el segundo en América Latina, después de Brasil.

Del total de los 126 millones de habitantes que tiene el país, 26 millones se asumen como indígenas y de ellos 7.4 millones hablan alguna de las lenguas originarias.

El 61 % de esos hablantes se concentra en cinco estados: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Yucatán.

En 1930, del total de la población, el 16 % hablaba una lengua original, pero en 2015 ya solo era el 6.6 %. La tendencia es que ese porcentaje siga disminuyendo. Las 68 lenguas se agrupan en 11 familias lingüísticas.

Del total de los hablantes de estas lenguas el 23.4 % lo hace en náhuatl; el 11.6 % en maya; el 7.5 % en tzeltal; el 7.0 % en mixteco; el 6.6 % en tsotsil; el 6.5 % en zapoteco; el 4.5 % en otomí; el 3.6 % en totonaca; el 3.4 % en chol y el 3.2 % en mazateco.

El restante 20 % se divide entre las otras 58 lenguas. Algunas ya solo habladas por muy pocos integrantes de las comunidades.

El que estas lenguas no se pierdan, y con ellas la riqueza de la diversidad cultural del país, depende de agresivas políticas públicas por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal.

La importancia que los gobiernos dan a las políticas públicas se mide por el monto de los recursos que se destinan a ellas.

El INALI, que es la institución del Estado creada para preservar estas lenguas, apenas tiene recursos para operar y no está en condiciones de desarrollar programas emergentes, para evitar que estas lenguas, sobre todo las que están en riesgo, dejen de existir.

En el discurso políticamente correcto de los políticos de éste y los anteriores gobiernos siempre se habla de la riqueza de los pueblos originarios. No hacerlo se ve mal.

Pero en los hechos, más allá de las palabras, no existe un real compromiso con estas comunidades. Éste se traduciría en hechos cuando, entre otras cosas, cuando se destinen recursos significativos, para evitar que desaparezcan las lenguas originarias.

Las iglesias, en particular la Iglesia católica, podría jugar un papel fundamental en la conservación de las lenguas indígenas promoviendo las celebraciones litúrgicas y la predicación en las lenguas originales en las regiones donde estas se hablan.

 

 

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Rubén Aguilar

Rubén Aguilar Valenzuela es profesor universitario y analista político.

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