En los últimos días, el debate nacional versó, entre otros temas, sobre la decisión del gobierno federal de recortar el presupuesto al Programa de Estancias Infantiles (PEI) de la Secretaría de Bienestar y de entregar los recursos del mismo directamente a las madres usuarias y con ello evitar prácticas de corrupción.
Al respecto, se han vertido opiniones encontradas por expertos en el tema y por la sociedad en general. En mi caso, pensaba exponer las razones por las que no compartía esta decisión, pero después de darse a conocer muy recientemente que la Secretaria de Bienestar mantendrá el PEI bajo un nuevo esquema que permita cumplir cabalmente con lo estipulado en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, puedo decir que lo celebro porque con ello se atiende el ángulo que quedaba sin definir y que es, desde mi óptica, el más importante: los derechos de las niñas y niños.
Aún queda como pendiente del gobierno federal dejar claro cómo reducirá los gastos de funcionamiento de las estancias sin afectar su correcta operación.
Es de reconocer el combate a la corrupción, motivo principal esgrimido por el titular del Ejecutivo y diversos funcionarios federales para llevar a cabo dicha acción. México ocupa en ese tema, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI), el lugar 135 de 180 países, y la corrupción mata, eso es inobjetable.
Como triste ejemplo en este tema está el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009, próximo a cumplir diez años y donde murieron 49 niñas y niños y 100 más resultaron lesionados a causa de actos y omisiones de servidores públicos de los tres niveles de Gobierno y de los socios que administraban la estancia infantil.
Sin dudarlo, debemos apoyar esta cruzada y exigir que, en el tema de las redes de corrupción en la asignación de autorizaciones en el PEI de la Secretaría de Bienestar, se llegue a fondo porque es abominable que una vez más, las niñas y niños que acuden a las guarderías de México sean objeto de lucro por parte de gente sin escrúpulos.
No soy partidario de la subrogación de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, ya que representa la abdicación del Estado a la obligación que tiene de prestar servicios de calidad en ese rubro, que cumplan con los máximos estándares de seguridad y atención para la niñez mexicana, pero hay una verdad inobjetable: el Estado Mexicano no tiene la capacidad para ello y siendo estos espacios necesarios en un país de familias donde ambos padres trabajan, muy regularmente, sí soy partidario de que funcionen en estricto cumplimiento al espíritu de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral infantil.
He recorrido muchas ciudades de México con el objetivo de generar conciencia en prestadores de servicios y servidores públicos mediante una conferencia que se denomina Guarderías en México: aún hay mucho por hacer , donde he tenido oportunidad de visitar gran cantidad de estancias infantiles y puedo decir con certeza, que así como se ha encontrado que responsables de estancias incurrían en actos indebidos para obtener mayores ganancias, la mayoría son personas, principalmente mujeres, que con todo y limitaciones por falta de recursos, dan lo mejor de sí por los niños que atienden. Ese factor humano tan importante y las nuevas estrategias del Gobierno deberán dar como resultado una mejora sustancial en el funcionamiento de estos espacios.
Por último, un tema que se debe atender urgente, es la falta de implementación y aplicación de la también conocida como Ley 5 de Junio. El 24 de octubre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en su Artículo Quinto transitorio establecía que las entidades tenían a partir del día siguiente de su publicación, un año para legislar o armonizar sus leyes en la materia.
Al día de hoy, cinco estados de la República no han atendido tal disposición. El desinterés de los gobiernos estatales en implementar y aplicar las leyes y otros factores, han ocasionado que las tragedias en guarderías no cesen. Después del 5 de junio de 2009, han fallecido por diversas causas, 87 niñas y niños más en estos lugares, según un recuento de Nuestro Legado ABC, asociación civil a la que pertenezco. De verdad urge.
Julio César Márquez Oritz es padre de Julio César “Yeyé”, quien fue víctima mortal en la tragedia de la Guardería ABC en México. Ex colaborador de dos Organismos locales de Derechos Humanos en México e integrante de la asociación civil Nuestro Legado: Atención, Bienestar y Cuidado, A.C.
Este texto pertenece a nuestra sección de Opinión, y no necesariamente representa el punto de vista de Desde la fe.
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