La muerte de José Noriel Portillo, a quien apodaban el Chueco, profundiza la herida en la comunidad jesuita y en la Sierra Tarahumara.
El crimen por el que era buscado: el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, y de Pedro Palma y Paul Berrelleza, en junio pasado, quedará impune, al tiempo que se abre otra investigación por la violencia homicida que se padece en la zona.
El caso, como lo ha comentado en diversos espacios el Rector de la Universidad Iberoamericana, Luis Arriaga Valenzuela, SJ., incumple condiciones fundamentales para considerarlo cerrado.
No hay un esclarecimiento cabal de los hechos, no se pudo llevar ante la justicia al responsable y no ha habido una reparación del daño.
Por la forma como fue encontrado el cuerpo de Noriel Portillo resulta evidente que se trató de un ajusticiamiento, una noción contraria a los principios que dan sustento a la construcción de la paz social y a la comunidad cristiana.
Es cierto que su muerte “no se dio por magia” —como lo mencionó la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos—, pero tampoco se puede atribuir al cierre de una investigación que llevaba nueve meses en curso; este crimen es producto de una situación de violencia que se vive en esa zona del país, y que ha sido denunciada y atendida por los jesuitas.
La violencia no se soluciona con violencia. Tan solo considerar esa idea socava la posibilidad de alcanzar la verdad, justicia, reparación y garantía de que los actos no volverán a repetirse.
El asesinato de Noriel Portillo abre otro frente de investigación por la ejecución, que no puede ser omitido y está relacionado con la demanda por pacificar la región, terminar con la tala clandestina o erradicar actividades del crimen organizado como la siembra de amapola.
La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de 11 integrantes de la comunidad jesuita en Cerocahui, por considerar que están en situación de daño irreparable, gravedad y urgencia ante la demanda que han hecho de justicia por el crimen de los sacerdotes.
La mejor reparación al daño provocado a la comunidad y a la orden religiosa está en la posibilidad de generar las condiciones necesarias para una vida libre de violencia y temor, para la paz social.
Y este es un pendiente que como ha dicho el Papa Francisco requiere de artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación.
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