El Congreso de la Ciudad de México podría aprobar esta semana la iniciativa para eliminar los artículos del Código Penal que sancionan el aborto después de las 12 semanas de gestación, así como eliminar la palabra “aborto” del mismo código, al no existir punibilidad.
La justificación central de la iniciativa es que en México se criminaliza a la mujer que hace uso de sus “derechos reproductivos”, por lo que se ve obligada de recurrir a métodos abortivos agresivos que ponen en riesgo su vida. Apelan, pues, al aborto libre y seguro.
Desde 2007, la despenalización del aborto ha sido un tema de debate, luego de que la Ciudad de México (entonces Distrito Federal) fuera pionera en aprobar la llamada “Interrupción Legal del Embarazo”, siempre y cuando el ser humano en desarrollo no tuviera más de 12 semanas de gestación; dicha reforma generó severas reacciones en contra, pero también impulsó acciones legales similares en otras entidades.
A partir de entonces, la despenalización del aborto ha avanzado paulatinamente en México, en respuesta a las demandas de colectivos feministas y partidos políticos -principalmente el Partido de la Revolución Democrática, y recientemente el Movimiento de Regeneración Nacional– bajo la bandera de garantizar los “derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes”.
Actualmente, son 13 los estados en los que está despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación, aunque en cada uno de ellos está regulado de diferente manera: Ciudad de México, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Veracruz, Quintana Roo, Colima, Sinaloa, Coahuila, Aguascalientes y Puebla.
Algunos lograron la despenalización a través de su Congreso local, mientras que otros lo hicieron por la vía judicial; es decir, mediante un fallo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, en algunas entidades no sólo está despenalizado el aborto, sino también legalizado; esto significa que las mujeres que desean recurrir a él, pueden solicitarlo en los hospitales públicos de la entidad. Estos estados son: Ciudad de México, Baja California, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Aguascalientes, Baja California Sur y Sinaloa.
Para los opositores del aborto, como la diputada América Rangel, parlamentaria de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, la diferencia entre despenalizar y legalizar es un “mero eufemismo engañabobos, pues lo que estamos haciendo en la práctica es permitirlo. Y la máxima jurídica es: ‘lo que no está prohibido, está permitido’”.
La criminalización de la mujer que aborta -han argumentado las diputadas proaborto en el Congreso de la Ciudad de México– llevó a que, entre 2010 y 2020, se registraran 3,656 denuncias por este delito, con 300 juicios penales abiertos y 142 sentencias condenatorias, y 172 personas en prisión definitiva.
Sin embargo, ninguna fuente oficial consultada por Desde la fe sustenta los datos que presentó la diputada de Morena, Valentina Batres, en la sesión parlamentaria en la que se aprobó en comisiones unidas el dictamen de la despenalización total del aborto en la CDMX.
De hecho, una fuente de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer, consultada por este medio, y que pidió omitir su nombre, aseguró que la iniciativa “no tiene una fuente fidedigna -como podría ser el INEGI o el Consejo de Seguridad Pública-, y, en este caso, incluso muestra contradicciones”.
Pero entonces, hoy en día, ¿cuántas mujeres realmente hay en las cárceles mexicanas por haberse practicado un aborto? De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con fecha de corte del 28 de junio de 2024, actualmente hay 10 mujeres en la cárcel por aborto, en siete prisiones estatales del país: Nayarit (3), Aguascalientes (1), CDMX (1), Hidalgo (2), Puebla (1), Tabasco (1) y Veracruz (1). En contraste, hay 112 hombres presos, distribuidos en 24 cárceles estatales o federales, siendo el Estado de México donde se encuentra el mayor número (13).
En entrevista para Desde la fe, la Dra. Ingrid Tapia Gutiérrez, abogada experta en Derecho Constitucional, asegura que si bien desconoce los expedientes de las mujeres que se encuentran en la cárcel por aborto, es probable que éstas se encuentren privadas de su libertad porque durante la integración de la carpeta de investigación se reclasificó el delito de aborto por el de infanticidio.
¿Cuál es la razón? Que posiblemente los dictámenes forenses probaron que no se privó de la vida a un nasciturus (ser humano desde el momento de su concepción hasta su nacimiento), sino a un bebé recién nacido.
“Esto ocurre cuando se comprueba que la madre hizo maniobras para acabar con la vida del bebé después de que éste ha logrado respirar por sí mismo, o lo abandonó para que muriera de hambre, o lo golpeó, o lo dejó a la intemperie vivo o lo asfixió”, explica.
La especialista considera que es muy probable que estas mujeres no se encuentren en la carcel por aborto, toda vez que en la mayoría de los estados este delito no alcanza pena privativa de la libertad, y pueden salir bajo fianza.
“Y de ordinario las fianzas no son imposibles de pagar, incluso, para mujeres en precariedad. Lo que nos permite suponer que, si están adentro, pudiendo salir bajo fianza, es porque no están por el delito de aborto, sino por el de infanticidio, que son penas más severas en muchos estados”.
¿Por qué hay hombres en prisión por el delito de aborto? Al respecto, la doctora Ingrid Tapia señala que es porque causaron la muerte del nasciturus, provocando lesiones a la mujer: “patadas y golpes en el vientre de las mujeres embarazadas”.
Por ello, para la especialista en Derecho Constitucional, la despenalización del aborto lo que está haciendo es abrir la reja carcelaria a centenas de hombres recluidos que, “gracias a la existencia del tipo penal de aborto, compurgan por haber lastimado a una mujer en tal medida y con tanta saña que provocaron la muerte del hijo que ella llevaba en su vientre. Y es que, en realidad, la mayoría de los sentenciados por ese delito no son mujeres, como suele decirse con suma irresponsabilidad, sino hombres”.
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