Desde hace años, Chiapas a manifestado su preocupación por la ola de violencia que azota a la entidad. Foto: Especial
Ante la situación de violencia que afecta a diversas comunidades y poblados de Chiapas, la Iglesia católica en la entidad ha buscado constituirse en un oasis de paz y ayuda para los habitantes de dichas localidades que se han visto afectados y que en muchos casos decidieron abandonar sus hogares y huir en busca de zonas más seguras, incluso en Guatemala.
La labor que realiza la Iglesia en Chiapas a través de sus sacerdotes, religiosos y religiosas para apoyar a los pobladores de las diversas comunidades, muchas de ellas sumidas en la pobreza, la marginación y la violencia, no pasa desapercibida ni para las autoridades de los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal-, ni mucho menos para los grupos delincuenciales asentados en la región.
Desde hace décadas la Provincia de Chiapas, integrada por las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, ha manifestado su preocupación por la violencia que impera en la entidad y que afecta a la población gravemente y ha trabajado para mantenerse cerca de los habitantes y apoyarlos de diversas maneras para enfrentar la difícil realidad que viven.
Así, las constantes denuncias tanto a las autoridades como a la comunidad nacional e internacional hechas por los párrocos y el apoyo incondicional que otorgan a los pobladores ha ocasionado que los grupos criminales amenacen, agredan e, incluso, asesinen a miembros de la Iglesia Católica, con el fin de evitar que sigan adelante con su labor pastoral y de ayuda a los más necesitados y desamparados.
La región fronteriza de México con Guatemala se encuentra sumida en un conflicto armado entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa quienes se disputan el control del territorio implementando métodos de guerra, lo que implica graves violaciones de los derechos humanos de la población de la zona y que haya obligado a miles de personas a huir a territorio guatemalteco, generando una crisis humanitaria.
De acuerdo con el informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”, realizado por varias organizaciones de la sociedad civil, la disputa territorial entre los grupos de la delincuencia organizada es por el control de las rutas de tráfico de mercancías, servicios, personas y productos legales y, sobre todo, ilegales como el de migrantes, drogas y armas.
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“Dentro de los recursos que los grupos utilizan para disputarse el territorio en la región frontera encontramos enfrentamientos generalizados recurrentes, uso de artefactos explosivos, uso de drones artillados, explosiones y quemas de vehículos. Ello impacta directamente en las posibilidades de movilidad de la población, además de someterla a un miedo constante e impedirle llevar a cabo sus actividades cotidianas”, detalla el documento.
El control económico que ejercen los grupos delictivos a la población abarca desde las extorsiones y secuestros hasta el control de los precios de productos agrícolas y alquileres, y quienes se resisten a estas presiones enfrentan represalias que incluyen el asesinato o la desaparición forzada.
De la misma manera, el cobro de piso se ha convertido en una práctica común, donde los negocios y familias son obligados a pagar sumas exorbitantes para garantizar su seguridad y aquellos que no pueden cubrir estas extorsiones se ven obligados a cerrar sus establecimientos.
Asimismo, el control de bienes y recursos naturales, como el agua y la tierra, se ha convertido en una herramienta para estos grupos delincuenciales, que utilizan la distribución del agua como medio de presión sobre las comunidades.
Por otro lado, los grupos criminales también recurren a diversas tácticas para mantener su dominio sobre la población, desde la coerción hasta la persuasión, destacando el hecho de que la neutralidad no es una opción, ya que se exige la adhesión o colaboración forzada con el grupo dominante.
Ante estos graves hechos de violencia provocados por los grupos delictivos que buscan el control del territorio, la Iglesia católica de Chiapas se ha pronunciado y ha exigido a las autoridades de los tres niveles de gobierno que intervengan para frenar la escalada armada y sobre todo para proteger a la población que termina siendo la más afectada.
Ante la ola de violencia que se vive en el estado y que ha provocado el éxodo de algunos habitantes, incluso a Guatemala, los obispos de la Provincia de Chiapas encabezaron el 13 de septiembre de 2024 una marcha-peregrinación por la paz en la que participaron miles de fieles de varias regiones y de pueblos originarios, en torno a la Catedral de San Marcos en Tuxtla Gutiérrez.
El objetivo de la peregrinación religiosa fue expresar, con fe y dignidad, las exigencias de paz y seguridad, evitar enfrentamientos y violencia, por lo que durante el recorrido se escucharon demandas y exigencias de paz y justicia.
El contingente fue encabezado por el obispo de San Cristóbal de las Casas y arzobispo administrador de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Mons. Rodrigo Aguilar Martínez; los obispos auxiliares de San Cristóbal de las Casas y de Tuxtla Gutiérrez, Mons. Luis Manuel López Alfaro y Mons. José Luis Mendoza Corzo, respectivamente, así como el padre Marcelo Pérez, sacerdote tzotzil y párroco del templo de Nuestra Señora de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas.
Entre los pronunciamientos, destaca el más reciente, en el que los obispos de San Cristóbal de las Casas, monseñor Rodrigo Aguilar Martínez; de San Marcos, Guatemala, monseñor Bernabé Sagastume; de Huehuetenango, Guatemala, Cardenal Álvaro Ramazzini; y monseñor José Guadalupe Torres Campos, presidente de la Dimensión de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano, hacen un llamado a las autoridades para que desarticulen y desarmen a los grupos delictivos que operan en Chiapas.
En el documento emitido el 21 de agosto de 2024 los obispos advierten que las comunidades y pueblos de Chicomuselo, Comalapa, Amatenango, Jaltenango, Bejucal de Ocampo, Siltepec, Motozintla, están convertidos en un campo de batalla por la disputa del territorio entre los grupos criminales que obligan a los hombres de las comunidades “a ir al frente, a cuidar las plumas, a cerrar caminos”, ante lo que ellos y sus familias enfrentan gran un terror.
“Hoy de manera obligada son puestos como escudos humanos por causas de un sistema de muerte que ningún nivel de gobierno ha querido escuchar y atender en sus raíces. Ninguno ha dado credibilidad a la palabra, a la sangre derramada, a las y los mártires que ha dejado esta guerra interesada en la que el pueblo no tiene parte y se le sigue sometiendo bajo amenazas”, señala el documento titulado “Vengan y vean”.
De la misma manera, el Consejo Presbiteral de la Diócesis de Tapachula, formado por 16 sacerdotes, dio a conocer el pasado 24 de julio de 2024 el documento “Una palabra de fortaleza ante el sufrimiento de los hermanos de la Foranía sierra”, en el que fijan su postura sobre lo que ocurre en el estado de Chiapas.
Aseguran que la presencia permanente de los cárteles de la droga disputándose el territorio de la Foranía Sierra se da ante la indiferencia y complicidad aparente de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano con la complacencia de un Gobierno Federal y Estatal que, argumentando desconocimiento o el tener una imagen distinta de la situación, les ordena mantener la presencia en el territorio sin intervenir para proteger a la población.
“Hermanos de la autoridad civil de los distintos niveles de gobierno, seguimos esperando que intervengan para hacer lo que les corresponde: restablecer el Estado de Derecho en nuestras comunidades. ¿Qué necesitan para salir de su indiferencia y defender al pueblo que les tuvo confianza con su voto para que ustedes cuidaran de él? ¿Hasta cuándo van a vivir tratando de esconder una realidad triste y dolorosa que nosotros vamos cargando día a día?
“Les pedimos, les rogamos, les suplicamos, cumplan su deber y protejan a nuestro pueblo. No los necesitamos teniendo destacamentos que vivan entre nuestra gente solo como espectadores, necesitamos que intervengan y defiendan a nuestras comunidades que están viviendo una situación de esclavitud y sometimiento en pleno siglo XXI. Necesitamos que, superando su indiferencia y temor, cumplan su deber y defiendan a este pueblo de sus agresores”, señalan.
La mañana del domingo 20 de octubre de 2024, el padre Marcelo Pérez Pérez fue asesinado por dos hombres armados, presuntamente pertenecientes a la banda de “Los Motonetos”, que viajaban a bordo de una motocicleta en el barrio Cuxtitali de San Cristóbal de las Casas.
De acuerdo con las indagatorias, luego de haber oficiado la misa de las 7:00 de la mañana en la Iglesia de Cuxtitali el sacerdote abordó su vehículo para dirigirse a la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, de la cual era párroco, a celebrar la Santa Misa.
Según las investigaciones, al salir de la parroquia un par de hombres que iban a bordo de una motocicleta lo esperaban. El párroco subió a su camioneta e inició su recorrido pero, según algunos testigos, dos cuadras adelante se orilló y cuando se estacionaba los atacantes lo alcanzaron y le dispararon en nueve ocasiones, provocándole inmediatamente la muerte, señala el reporte forense.
Pese a que el padre Marcelo había recibido una serie de amenazas de muerte e incluso denunció que los grupos delictivos le habían puesto “precio a su vida”, hasta por un millón de pesos, no contaba con ningún tipo de seguridad.
El 13 de mayo un comando de sicarios irrumpió en el ejido Nueva Morelia y masacró a 11 personas, entre ellas cinco mujeres y seis hombres y entre las víctimas hubo dos catequistas de la iglesia católica: Ignacio López y su esposa Isidra Sosme Temich.
De acuerdo con la información, Ignacio López se habría negado a trabajar para criminales con presencia en la región, además de que durante sus intervenciones en la iglesia compartía mensajes de condena hacia las prácticas de estas organizaciones, razón por la que se consideró que su rechazo fue percibido por los criminales como una traición, por lo que decidieron quitarle la vida.
El 15 de junio de 2024 un grupo de 30 catequistas de la Parroquia de San Marcos Evangelista, en el municipio de Acacoyagua, Chiapas, fueron atacados a balazos por dos personas y provocaron la muerte de uno de los servidores de la iglesia, de nombre Margeli Lang Antonio.
En conferencia de prensa, el entonces obispo de la diócesis de Tapachula, monseñor Jaime Calderón Calderón, explicó que los hechos se registraron al medio día cuando unos 30 catequistas de niños de la parroquia de San Marcos Evangelista culminaban un curso.
De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la disputa entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa por el control de la zona sur de Chiapas ocasionó que el número de homicidios dolosos de enero a julio de 2024 se incrementarán en 91 por ciento con respecto al 2023.
Según la información de la dependencia federal, los asesinatos registrados en los primeros siete meses de 2024 sumaron 552 cifra que contrasta con los 289 que se verificaron en el mismo periodo de 2023, lo que significar que en ese lapso de tiempo de este año se cometieron 2.6 muertes por día.
A finales de julio de 2024, aproximadamente 600 habitantes de los municipios de Amatenango de la Frontera y de Mazapa de Madero cruzaron la frontera sur de México para dirigirse hacia Guatemala para huir de la violencia que ha provocado el crimen organizado. Las familias desplazadas decidieron abandonar sus casas para refugiarse en el país vecino al que llegaron de manera irregular para albergarse en dos aldeas del municipio de Cuilco, en el Departamento de Huehuetenango.
Los desplazados chiapanecos señalaron que llegaron a su poblado integrantes de los cárteles para obligarlos a participar en los bloqueos y enfrentamientos, pero como se negaron a hacerlo, sus casas fueron saqueadas y amenazados de muerte, por lo que decidieron salir como pudieron para huir de los delincuentes.
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