La Ciudad de México vive un incremento en los casos de violencia. En esta urbe, en en los primeros cuatro meses del año se cometieron 82,157 presuntos delitos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la mayoría de ellos permanecen impunes.
¿Es posible cambiar la realidad que vivimos? ¿Debemos acostumbrarnos a vivir con esta crisis de violencia?
“La comunidad estudiantil está dolida, está destrozada (…) El dolor va cambiando en cada una de las personas y cada quien va viviendo de manera distinta estos procesos, llenos de fe, pero con complicaciones”, dijo a Desde la fe el rector de la Universidad del Pedregal, Armando Martínez. quien consideró que todos los alumnos de esa casa de estudios también son en parte víctimas. Como ellos, ocho de cada diez capitalinos viven la inseguridad en la ciudad, según la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2019.
“Lo que estamos haciendo es ofrecer ayuda psicológica y espiritual, somos una universidad católica, y el sacerdote no se da abasto; vivimos esta etapa con fe, pero también con muchísima pena y dolor”, agregó.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a abril de este año el secuestro en la capital del país se incrementó en 271%; la extorsión aumentó 94%; robo en transporte público, 200%; y los homicidios, 29%, esto de acuerdo con el incremento en las carpetas de investigación que se abrieron por esos delitos en el primer cuatrimestre de 2019.
Consultado para este artículo, José Antonio Ortega, abogado penalista y presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, afirmó que el repunte en varios indicadores sobre inseguridad demuestra que la estrategia implementada por el actual gobierno debe replantearse, pues no ha logrado frenar la tendencia al alza de las cifras de violencia.
“Las autoridades entrantes no han sabido retomar el tema y no lo están logrando disminuir la inseguridad (…) No hay una adecuada prevención ni procuración de justicia, tampoco administración de justicia”, expresa el especialista. “Eso está haciendo que los delitos estén al alza y que los ciudadanos de la capital del país estemos sufriendo por la falta de seguridad y paz”, consideró el especialista.
En tanto, el responsable de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de México, José Luis Aguilar, coincidió en que la estrategia de seguridad por cuadrantes que propuso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no ha dado los resultados esperados hasta el momento.
Además, en cuestión de seguridad interviene la corrupción e impunidad que se mantiene en las instituciones de justicia y las complicaciones propias de la urbe. Los límites de la Ciudad de México con el Estado de México son focos rojos en materia de seguridad pública, pues la falta de coordinación entre las autoridades de ambas entidades facilita que proliferen conductas delictivas.
En entrevista, Samuel González Ruiz, consultor internacional en materia de justicia y delincuencia organizada, explicó que la inseguridad es siempre un reto en lugares donde existen problemas de jurisdicción.
Aunado a ello, explica el experto, también es un problema del ejercicio de las policías, pues -asegura-, se escudan en la idea de ‘no me corresponde, pues no abarca mi jurisdicción’, lo que es aprovechado por los delincuentes para actuar.
“Por ejemplo, una sola calle delimita la alcaldía de Iztapalapa y el municipio de Nezahualcóyotl, es una calle muy complicada porque los delincuentes corren de un lado a otro para que no sean detenidos. Es un fenómeno que sucede en todas las fronteras del mundo, un tema de diferencias de leyes”.
Por otro lado, González Ruiz asegura que el cambio en el sistema procesal acusatorio es otro de los grandes conflictos que enfrenta el sistema de justicia nacional, pues “los jueces están fallando con criterios muy laxos a la hora de su aplicación”. A decir del experto, para revertir este problema es necesario incrementar la confianza entre las autoridades y facilitar los mecanismos de colaboración.
De acuerdo con José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, el primer objetivo que se debe proyectar desde el gobierno de la Ciudad de México es abatir la impunidad.
“Así van a mejorar evidentemente las cifras y vamos a tener una mejor calidad de vida que la que tenemos actualmente”, explica.
José Luis Aguilar, responsable de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de México, coincide con él, y agrega que “se necesita una verdadera procuración de justicia en la que la gente no tenga que ‘ser alguien importante’ para que se atienda su caso. A veces la estructura judicial permite espacios para la corrupción”.
Ya que “cuando todo se politiza la gente queda en total incertidumbre y no sabe a dónde acudir”.
La solución a la crisis de violencia no sólo está en manos de las autoridades, sino que todas las personas tienen que hacer algo, coinciden los especialistas. Iniciando por la reducción de la impunidad y corrupción, que no son temas exclusivos de los políticos y gobernantes, también son sociales, considera Miguel Álvarez Gándara, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017.
“Hasta ahora estos temas se quedaban entre las atribuciones del juego político y sus partidos, pero ya se han vuelto parte del tejido social”, explica el también presidente de la asociación Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), por ello la sociedad debe hacer un trabajo interno y reconocer su contribución a la permanencia de la corrupción.
“Debemos aceptar las formas en las que nos hemos convertido en cómplices y hemos aceptado este sistema viciado: las mordidas, las ventajas, los trámites, los vicios de la burocracia”.
Además, “la impunidad no es un tema que sólo podamos usar en la política o en la impartición de justicia. Nos obliga a preguntarnos internamente ¿qué tanta impunidad hay en nuestra propia casa?”, reflexiona Álvarez Gándara.
Por su parte, el responsable de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis, José Luis Aguilar, asegura que la solución a la crisis de inseguridad debe comenzar desde las casas.
“La delincuencia se genera en las familias y desborda después hacia la sociedad. Se debe trabajar y tener programas para mejorar las relaciones en las familias, en la solución de conflictos internos, educación para la paz”.
Añade que la Iglesia tiene que ser el espacio de acogida para las personas. “Ser sacerdote es ser un embajador de paz, y ser embajadores de paz en lugares en conflicto puede ayudar y abonar a generar relaciones de confianza”.
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