En México, los niveles de violencia e inseguridad se reportan alarmantes, a tal grado de que en los últimos años se han registrado diversos casos de ataques y vandalismos en contra de iglesias o lugares de culto, espacios que históricamente se han considerado sagrados, adonde la gente acude a orar, a participar de la Santa Misa y a encontrarse con Dios.
Pero la violencia no sólo ha sido ejercida contra los espacios sagrados; en el último año se han registrado numerosos ataques en contra de ministros ordenados, obispos o sacerdotes que han sido despojados de sus bienes, que han sido agredidos, e incluso algunos han perdido la vida a manos de personas que han hecho del crimen su modus vivendi.
El último caso registrado en el país, es el asalto que sufrió durante la mañana del miércoles 24 de julio el Obispo de Tehuacán, puebla, Monseñor Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, quien fue despojado de su vehículo, su teléfono celular y otras pertenencias, lo cual generó indignación entre la comunidad católica de la entidad, así como una exigencia generalizada de que el caso no quede impune.
Se trata del segundo obispo víctima de la delincuencia en lo que va del año; el primero caso ocurrió en los primeros días de abril, en el territorio de la Diócesis de Orizaba, Veracruz, cuando un grupo de ladrones, a punta de pistola, se dirigió hacia el obispo local, Monseñor Eduardo Merino Cervantes, y le exigió que le entregara el anillo episcopal que llevaba en la mano derecha.
Un caso que puso en evidencia el hecho de que los ministros de culto ya no son respetados por la delincuencia, fue el ocurrido el 20 de junio de 2022 en la comunidad de Cerocahui, en la Sierra Tarahumara, cuando los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos fueron asesinados a sangre fría por un narcotraficante de nombre José Noriel Portillo Gil, mejor conocido como “El Chueco”.
Durante el ataque, el asesino arremetió contra un tercer hombre, ejecutando así un triple homicidio que causó una indignación generalizada, ya que los sacerdotes eran reconocidos por la comunidad como hombres de bien, y muy queridos por los habitantes de la localidad, ya que llevaban muchos años dedicados a la atención pastoral de los habitantes de esa zona de Chihuahua.
Po otra parte, en mayo del año pasado, en el municipio de Huandacareo, Michoacán, sujetos desconocidos asesinaron a un fraile agustino de la localidad de Capacho, cuyo cuerpo fue localizado a bordo de un automóvil que presentaba impactos de bala.
El padre Javier García Villafaña era miembro de una comunidad muy querida de frailes, y había sido colocado al frente de la parroquia de Capacho apenas unos días antes. La indignación de la Iglesia local no se hizo esperar, especialmente por parte de otras congregaciones de la entidad, que enviaron de inmediatos sus condolencias a los religiosos.
Recordemos también el caso ocurrido el año pasado, a principios de agosto, en el que dos sacerdotes zacatecanos –los padres Cristian Iván Castañeda y Juan Alberto González Vargas– se dirigían hacia la Ciudad de México provenientes de su tierra natal, y en el trayecto fueron sorprendidos y asaltados con excesiva violencia por un grupo de hombres en la autopista México-Querétaro.
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