¿Por qué Nicaragua se quedará sin monjas y religiosas?

Desde 2018, el gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, ha cancelado la personalidad jurídica de más de 5 mil organizaciones sin fines de lucro por oponerse a los propósitos autoritarios del gobierno, y ha confiscado sus propiedades de manera sistemática.

Entre estas miles de organizaciones se cuentan diversas congregaciones de religiosas, muchas de las cuales han sido expulsadas del país, como ocurrió en 2022 con las Hermanas de la Caridad, quienes tenían amplia presencia en esta nación centroamericana desde 1988, cuando la Madre Teresa de Calcuta visitó el país.

Ahora, para acabar de un solo ‘plumazo’ con esta situación, el gobierno sandinista ha determinado tomar una medida más drástica, y ha puesto un ultimátum a todas las religiosas que aun se encuentran en Nicaragua para que abandonen el territorio, poniendo como fecha límite el último día de diciembre para que no quede una sola religiosa en el país.

De manera que durante estas semanas, en los puestos migratorios se estará registrando una gran presencia de religiosas, mismas que estarían buscando refugio en países donde ya se encuentren sus congregaciones, que en general son naciones latinoamericanas          .

A la par de la expulsión de religiosas, el gobierno de Daniel Ortega sigue llevando a cabo acciones hostiles contra los sacerdotes, a los que se les acosa, se les exilia o se les niega la entrada a Nicaragua.

En este tenor, la investigadora y experta en la materia Martha Patricia Molina denunció que más recientemente, el 29 de noviembre, fue capturado el sacerdote Floriano Ceferino Vargas, tras una Misa en la Parroquia de San Martín Nueva Guinea, y expulsado inmediatamente a Panamá, ya que cada vez las retenciones son menos prolongadas.

Aunque las hostilidades en contra de la Iglesia comenzaron en 2018, cabe recordar que la situación hizo su mayor crisis en 2022, cuando autoridades civiles hicieron prisionero de manera ilegal a monseñor Rolando Álvarez y condenado inicialmente a 26 años de prisión, previo a su expulsión del país.

El escándalo por su aprehensión llegó a tal extremo que provocó la intervención del Papa Francisco. Esto ayudó a que se convirtiera en un ícono de la Iglesia perseguida y de la represión ejercida particularmente por el gobierno nicaragüense contra el clero de este país que está a días de quedarse sin una sola religiosa.

Con información de Zenit