Esta semana ha sido de pesadilla para los jesuitas en Nicaragua, pues el gobierno de Daniel Ortega no sólo decomisó la Universidad Centroamericana (UCA), a cargo de la Compañía de Jesús, sino que además los despojó de la residencia donde vivían quienes trabajaban en esta institución educativa.
El 9 de agosto, sin dar mayor detalle, el gobierno sandinista congeló las cuentas bancarias de la UCA, y una semana después una jueza de Managua ordenó confiscar los bienes materiales y económicos de esta universidad, alma mater de los jesuitas, bajo el argumento de cometer “terrorismo”.
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Cabe recordar que la UCA jugó un papel fundamental en 2018, al apoyar a la sociedad civil en sus manifestaciones en contra de una reforma al sistema de seguridad social.
En aquel entonces, varias de las marchas partieron de la universidad jesuita; además, en sus instalaciones albergó una exposición para recordar a las víctimas mortales de la represión sandinista.
Este sábado 19 de agosto, la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe denunció que a primera hora del día, la policía y miembros del poder judicial se presentaron en la residencia jesuita para exigir a los miembros de la Compañía de Jesús que abandonaran la propiedad, alegando que pertenecía al Estado.
Pese a que los religiosos mostraron las escrituras en las que consta que la propiedad no pertenece a la universidad, los agentes del gobierno de Daniel Ortega no aceptaron la documentación y los obligaron a salir de la residencia.
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Señala el comunicado:
Este es un acto más de un espectáculo donde la verdad, la justicia y el respeto a los derechos inalienables de los seres humanos se enfrentan a medidas que buscan acallar las voces que se levantan y apoyan la lucha por un país donde se respeten los derechos de todos, su integridad y su búsqueda de vivir libremente en su propio país”.
Los religiosos jesuitas se desplazaron a otra de las casas de la congregación.
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