Carlos Villa Roiz
A pesar de los avances existentes en materia de garantías individuales, en México aún falta caminar hacia la plena definición de libertad religiosa que está estipulada en el Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, afirmó el Dr. José Luis Soberanes, en el Foro “Libertad religiosa, laicismo y laicidad en México”, que fue organizado en días pasados por jóvenes del Partido Acción Nacional.
Entre los puntos jurídicos y sociales en los que aún se debe trabajar, el ex presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos destacó el hecho de que todavía se requiere solicitar el permiso gubernamental para que las Iglesias organicen celebraciones religiosas fuera de sus templos; también llamó a revisar la prohibición que pesa en las escuelas del Estado de impartir clases de religión, lo cual calificó como “discriminatorio”.
El Dr. José Luis Soberanes se refirió además a la objeción de conciencia, que se hace más aguda en algunas profesiones relacionadas con la bioética, y a la limitación que tienen las asociaciones religiosas para tener medios de comunicación propios, entre otros temas.
El especialista hizo un recorrido por la historia de México en torno a la libertad religiosa, desde el momento en que el país obtuvo su independencia, las Leyes de Reforma, la etapa porfirista, el período revolucionario, la Constitución de 1917 y la Guerra Cristera. Dijo que en todos estos momentos hubo violaciones a lo que hoy conocemos como derechos humanos, no obstante estos fueron estipulados a nivel internacional en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Reconoció como momentos importantes en la historia nacional cuando el presidente Manuel Ávila Camacho se declaró públicamente creyente, y cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari impulsó ante el Congreso de la Unión el reconocimiento jurídico de las Iglesias.
Por su parte, Luis Felipe Bravo Mena, quien durante tres años fue embajador de México en la Santa Sede, también hizo un repaso de las relaciones diplomáticas, y habló de la semejanza entre la encíclica Populorum Progressio de Paulo VI, que se refiere a la necesidad de promover el desarrollo de los pueblos, con la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados de 1974, cuyo autor fue el presidente Luis Echeverría, y que lo llevó tanto al foro de la ONU como al Vaticano, donde se entrevistó con el Pontífice para hablar del tema.
Felipe Bravo Mena se pronunció por mantener el Estado laico, pero habló de un laicismo positivo sin el cual no se puede entrar a la plena modernidad; es decir, dijo que se debe aceptar a las Iglesias como algo positivo, una institución con la que se pueden hacer alianzas estratégicas, como lo ha señalado el Papa Benedicto XVI varias veces en sus discursos, y no un laicismo excluyente y persecutorio.
Afirmó que el Estado y la Iglesia pueden trabajar juntos de manera complementaria en varios rubros, y mencionó como ejemplos la defensa conjunta de los migrantes, la permanente lucha por la paz y el combate a la descomposición social y a la corrupción que actualmente se vive en el país.
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