Los Obispos de México se suman a la lucha contra los delitos electorales

Firman acuerdo de colaboración con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de cara a las elecciones del próximo año.

Vida Nueva Digital

El pasado 8 de septiembre inició en México el proceso electoral 2017-2018, en el que se disputarán un total de 3.326 cargos de elección popular, entre ellos el de Presidente de la República, así como el de diputados y senadores del Congreso de la Unión.

En este contexto, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), a través de su Secretario General, monseñor Alfonso Miranda Guardiola, anunció este jueves la firma de un acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), para colaborar en el “Programa de trabajo en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir la comisión de los delitos electorales y fomento a la participación ciudadana”.

A través de un comunicado, la CEM afirmó que con este acuerdo, “la Iglesia en México reitera su compromiso a favor de la promoción de la paz, la justicia, la democracia participativa, el Estado de Derecho y la legalidad en todo proceso electoral”.

Al mismo tiempo, el órgano episcopal hace una invitación a todos los ciudadanos y organizaciones sociales a seguir ejerciendo el derecho y la obligación de denunciar todas aquellas conductas que contravengan las disposiciones del marco normativo en el país.

“Sólo se construye auténticamente el bien común mientras se enfrentan los grandes problemas nacionales, cuando se participa de conformidad con la ley, se promueven y ejercen los derechos de todos los ciudadanos, y se muestra una amplia responsabilidad social. Todos debemos participar, desde nuestra identidad, en la edificación de México”, señala el texto.

Para la CEM, este ejercicio de colaboración entre la FEPADE y la Iglesia Católica constituye “una expresión del cumplimiento del Estado Laico que, al mantener la neutralidad religiosa en las instituciones de gobierno, se obliga a respetar el ejercicio del derecho humano a la libertad religiosa –individual y colectivamente, tanto en público como en privado­– en el debido marco de la ley”.