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Comunicado de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

Pedimos a las autoridades de los tres niveles cumplir con su obligación de velar por la vida de las personas afectadas, y que garanticen la seguridad de quienes llevan ayuda humanitaria.

28 de noviembre de 2017

A todas las personas creyentes

A personas de buena voluntad

A la opinión pública

A las autoridades federales, estatales y municipales

Al Congreso del Estado

Al Poder Judicial del Estado

Los que formamos el Consejo de Pastoral de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, expresamos nuestra profunda preocupación por la situación que prevalece y se agrava en la zona limítrofe entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó.

Por problemas de disputa de colindancia, generados por intervención inadecuada de la Secretaría de la Reforma Agraria en 1973, grupos armados ilegales han provocado un ambiente de terror en las comunidades del municipio de Chalchihuitán, provocando el desplazamiento forzado de más de 5000 personas, que se encuentran en condiciones de gran precariedad y sometidas a la intemperie.

También hay más de 300 personas desplazadas del Municipio de Chenalhó.

La agudización del conflicto tiene ya más de dos semanas y no vemos una acción eficaz por parte de las autoridades para solucionar esta situación de emergencia humanitaria, para atender las necesidades inmediatas y la solución de las causas.

Nos sorprende la impunidad con que actúan los grupos armados, al grado de que ni la Policía ni el Ejército han podido hacerse presentes para impedir la violencia, ni para desarmar a quienes imponen su control del territorio y de la población a través del miedo.

Como personas de fe, consideramos valores fundamentales la Vida Humana, la Justicia y la Paz, así como el respeto a los Derechos Humanos, que están siendo violados masivamente y con efectos graves en las condiciones de las personas desplazadas, particularmente niñas, niños, mujeres embarazadas y personas ancianas.

Se suma a esta situación el peligro real de que derive en un enfrentamiento armado que tendría consecuencias gravísimas, a 20 años de la Masacre de Acteal.

Pedimos a las autoridades de los tres niveles cumplir con su obligación de velar por la vida de las personas afectadas, que garanticen la seguridad de quienes llevan ayuda humanitaria, que se aboquen a la solución de las causas y no dejen impunes los delitos cometidos.

Convocamos a las organizaciones eclesiales y de la Sociedad Civil a una solidaridad efectiva y que haga accesible a la población afectada, de inmediato, los servicios médicos y medicinas, la alimentación, el vestido y la protección ante la inclemencia del clima que se requieren con urgencia.

Por supuesto también exigiendo justicia a las autoridades y que, de inmediato, intervengan y atiendan esta grave situación.

Por parte de la Diócesis, continuaremos el esfuerzo para hacer llegar la ayuda humanitaria, con la coordinación de Cáritas, y para dar a conocer la situación a la opinión pública nacional.

Que el reconocer a Cristo en las víctimas, inspire nuestro caminar hacia ellas.

“Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber….”

(Mt 25, 35 ss.)

Consejo Diocesano de Pastoral

Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Mons. Felipe Arizmendi Esquivel

Pbro. Luis Manuel López Alfaro.

Hna. María del Refugio Esparza Macías MIF

Pbro. Víctor Manuel Pérez Hernández

Pbro. José Bartolomé Gómez Martínez

Hna. María Rosa Ramos Martínez

Alfonso Pánfilo González Morales