Cynthia Fabila
Desde el año 2010, la Iglesia católica en el país ha venido desarrollando una serie de iniciativas para acompañar a las víctimas de la violencia, especialmente a aquellas que han sufrido a causa de la acción del crimen organizado. Esta labor no se realiza de manera improvisada, sino con base en una metodología implementada por Caritas Internacional, hace algunos años, que tiene como referente conflictos en Colombia y en algunas zonas de África.
Esta sistematización ha quedado asentada en el documento Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna, publicado por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hace casi una década, justo cuando la atención a las víctimas comenzaba a ser una necesidad de muchas diócesis tras el repunte de la violencia en el país. “La Iglesia quería apoyar, pero no tenían claro cómo hacerlo –afirma en entrevista José Luis Aguilar, responsable de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de México-, por lo que los obispos se dieron a la tarea de redactar este documento, en donde se ve a la violencia como un problema de salud pública y como tal requiere de una gran variedad de servicios”.
Si bien la metodología implementada por Cáritas Internacional ha sido efectiva en algunas zonas de conflicto, en México ésta se va desarrollando en la medida en que se trabaja con las personas, aunque apoyados significativamente en las directrices que aporta Colombia. “Nosotros queremos dar más, ser una “Iglesia en salida”, como la denomina el Papa Francisco, y apostarle a una transformación social con un programa que nos podría llevar incluso de 10 a 15 años, y que las víctimas dejen de ser víctimas y sean agentes de construcción de paz”, dice.
José Luis Aguilar también asegura que no sólo México está pasando por esta situación, sino que en varios países de América Latina y de Centroamérica también se está deteriorando la vida social, la convivencia armónica y pacífica, debido al crecimiento de este flagelo que llena de dolor a las familias y a la sociedad.
De acuerdo con el titular de la comisión diocesana de Justicia y Paz, uno de los primeros lugares donde se aplicó la metodología fue en la Arquidiócesis de Acapulco, con la creación de centros de escucha y la atención directa a víctimas de violencia. El primer paso fue mapear cuán grave era la violencia en aquella arquidiócesis y ver cómo la Iglesia podía dar una respuesta”.
El método también se ha implementado en Zamora, así como en otras diócesis del norte del país, las más violentas, mientras que en otras Iglesias particulares apenas están en proyecto, por ejemplo, en la Diócesis de Morelia (Michoacán), apunta Aguilar.
Los resultados comienzan a notarse, sobre todo en cuanto al conocimiento de los problemas que generan la violencia, así como en el número de personas que se transforman y se vuelven promotoras de la cultura de la prevención, se ven fortalecidas en sus capacidades y acompañadas.
Sin embargo –detalla Aguilar– los resultados podrán ser más claro, según la voluntad del gobierno entrante para enfrentar este flagelo, pues los modelos se tardan en implementar. “Lamentablemente los gobiernos son temporales, sólo duran seis años, y nosotros, como pastoral, tenemos un trabajo constante, pues la idea es lograr que haya una justicia y paz social duradera”.
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