Guillermo Gazanini/Periodista Digital
En un amplio documento, el Centro Católico Multimedial (CCM), dirigido por el sacerdote paulino Omar Sotelo Aguilar, ofreció una “perspectiva a la Ley de Seguridad Interior” disposición normativa en vigor y que ahora espera la determinación de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar o no la constitucionalidad de lo que implicaría la virtual militarización de las tareas de seguridad pública cuando, desde hace once años, el Ejército fue llamado a combatir a los cárteles del crimen organizado ante los vacíos policiales y ausencia de cuerpos profesionales para enfrentar a un enemigo superior en recursos y armamento.
El documento del CCM, elaborado por la Unidad de Investigación, da cuenta de los antecedentes legislativos de la Ley de Seguridad Interior y traza cuáles son los principales problemas que llevaron al Congreso de la Unión a aprobar dicha disposición, particularmente por el voto mayoritario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional con notable oposición de los partidos políticos de izquierda.
De acuerdo con el CCM, los legisladores dieron el voto positivo a esta legislación debido a las transformaciones en cuanto al concepto de seguridad nacional, la necesidad de establecer procedimientos idóneos para la intervención de las fuerzas armadas para la protección de las instituciones, la corrupción en los cuerpos policiales y las nuevas amenazas que hacen vulnerables a las instituciones del Estado mexicano.
De esta forma citó algunas opiniones de obispos y de medios de información católica destacando las referencias hechas por los obispos Obispos de la Comisión para la Pastoral Social CEPS- Cáritas de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el pasado 13 de diciembre, a propósito de la Ley de Seguridad Interior; de Mons. Salvador Rangel Mendoza, obispo de Chilpancingo-Chilapa, región azotada gravamente por la violencia e impactada por el poder del narco; de Mons. Raúl Vera, obispo de Saltillo; del cardenal José Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano; de Mons. Carlos Garfias Merlos, Arzobispo de Morelia y la cita de un párrafo del último editorial del semanario Desde la fe de la Arquidiócesis de México publicado el 24 de diciembre.
Según el CCM, la Ley de Seguridad Interior debe ser una legislación que proteja la vida y dignidad de las personas, primero y después ocuparse de la salvaguarda de las instituciones. El documento afirma que esa disposición legislativa, para que sea justa, debe establecer mecanismos para el gradual retorno de las fuerzas armadas a sus cuarteles, respetar los derechos de libre manifestación y difusión de las ideas, delimitar con claridad que sólo es al Ministerio Público quien corresponde la persecución de los delitos y salvaguardar cualquier base de datos en poder de los órganos autónomos para que no sea vulnerada la confidencialidad de los datos personales de los particulares.
“Perspectiva cristiana de la Ley de Seguridad Interior” concluye afirmando que las Fuerzas armadas deben considerarse como instrumentos de la seguridad y libertad de los pueblos, no al servicio de determinadas tendencias políticas o de estrategias de seguridad fallidas, ni a planteamientos políticos incompetentes; desempeñando bien sus funciones contribuyen realmente a estabilizar la paz y asegura que cualquier propósito distinto que quiera desvirtuar la naturaleza del Ejército sólo “crispará el ambiente” de la frágil condición social en el que vive México entero.
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