Puerta giratoria

A poco más de un año de su puesta en marcha, el Sistema Penal Acusatorio pone en la mesa más preguntas que resultados contundentes en beneficio de una sociedad agobiada por los delitos y la acción imparable del crimen.
La ciudadanía no dio crédito cuando, a través de diversos medios, se dio a conocer la liberación inmediata de más de diez mil presos de las cárceles de la Ciudad de México, gracias a un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que, el supremo tribunal determinó en julio pasado que a los procesados bajo las reglas del antiguo sistema penal se les debían aplicar los beneficios del nuevo Sistema Penal Acusatorio.
El resultado sería la inminente liberación de procesados y reos a quienes no se les pone en la cárcel por no haber cometido delitos merecedores de la privación de la libertad, a saber: crimen organizado, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos e infracciones graves en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
El Sistema Penal Acusatorio tiene una comparación que describe perfectamente la situación en la que se encuentra: agarró a los impartidores de justicia con los dedos en la puerta. La sociedad padece las carencias en la implementación adecuada y la forma como se han aprovechado las deficiencias y resquicios para que, al final, se cometan delitos tersos que no ameritan prisión, pero que aún así están agraviando a la sociedad.
De acuerdo con el Informe Hallazgos 2016: seguimiento y evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en México, publicado por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), el sistema de justicia enfrenta graves problemas para la implementación del Sistema Penal Acusatorio. El reporte señala que hay defectos legislativos producto del escaso análisis parlamentario, además de las deficiencias institucionales en las procuradurías y policías debido a la escasa profesionalización para llevar a los criminales ante la justicia. En las movedizas determinaciones del Poder Judicial, los jueces locales ven rebasadas sus capacidades, difiriendo audiencias o bien decretando sanciones en libertad para que los culpables cometan otros ilícitos.
El mismo reporte manifiesta que, ante la Procuraduría General de la República, de dos carpetas de investigación iniciadas, una esté pendiente de solución, lo que arroja evidencias del fracaso en cuanto a la agilidad e impartición de justicia expedita conforme a los propósitos de la reforma. En el colmo, al año de haberse echado a andar el sistema, el Procurador General de la República habría reconocido la poca confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de impartir justicia.
En las reformas estructurales vemos cómo, poco a poco, hay un efecto dominó en cuanto a la ausencia de resultados contundentes e inmediatos. La reforma penal tomó ocho años en adoptarla y, a pesar de ese tiempo, se admite que no era lo que se esperaba. Vicios arraigados, corrupción e ineficiencia han hecho que quien esté pagando la incapacidad de algunos sea la sociedad mexicana que ya no sabe cómo librarse de estas lacras. Algunos magistrados locales admiten que el Sistema Penal Acusatorio es una peligrosa puerta giratoria: los criminales entran y salen de los juzgados como si nada pasara, y sólo para elevar los índices delictivos que algunos se empecinan en minimizar.