La presente administración prometió a los mexicanos una mejoría en su calidad de vida y dinero suficiente en los bolsillos para satisfacer las necesidades básicas de desarrollo, tanto personales como familiares. Desde las cantadas reformas estructurales en diversos rubros de la economía, se garantizó la baja paulatina en los precios de los energéticos para beneficio de todos, sin excepción. Pero las promesas se han vuelto una amarga pesadilla cuando desde 2017, la inestabilidad de determinados sectores económicos ha provocado un alza inflacionaria como no se había visto desde el año 2000, el año de la alternancia política.
Resulta doloroso constatar cómo la gran mayoría de familias mexicanas trabaja mucho, y termina viviendo en condiciones lamentables por la precaria situación de un salario mínimo que no alcanza para cubrir lo elemental. La generación de tres millones de empleos se ha quedado en un lema triunfalista de gobierno porque, mientras el México de las desigualdades se acentúa, los salarios disparejos abren más brechas que no son fáciles de remontar y que no mejorarán en el 2018, cuando todos se ocupan de la obtención del poder, menos del bienestar de las familias mexicanas.
En enero, el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP) elaboró la encuesta “Empleo y salario mínimo”, que da cuenta de la degradación del poder económico de los trabajadores, haciendo prever lo que la clase política niega: La crisis que se asoma al final del sexenio. Y es que, en lo que va del sexenio, se ha perdido el 11.11% del poder adquisitivo del salario mínimo”. Se necesitaría ganar tres veces el actual salario mínimo para hacerse de la canasta alimenticia recomendable, “un aumento del 200% para que el salario mínimo alcance para comer”.
La inesperada y alta inflación que hemos sufrido obliga al gobierno a tomar medidas adecuadas que ayuden a los más necesitados a palear esta situación, que los hunde más en la pobreza y la desesperanza por alcanzar un futuro mejor. Sería un grave error mantener un discurso técnico de la macroeconomía, que no dice ni resuelve nada a la precaria economía de millones de mexicanos, que ven con impotencia cómo los precios se elevan y los salarios no alcanzan ni de lejos el mismo nivel.
La sociedad civil debe vigilar y exigir que haya austeridad y honestidad en los cuantiosos recursos públicos que por desgracia no terminan por beneficiar a la sociedad sino a la burocracia gobernante y a sus socios, que se enriquecen inmoralmente a costa del bienestar de millones de pobres que no tienen ni lo básico para una vida digna y tranquila.
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