En el marco del 6º Foro Nacional “Sumemos Causas. Por la Seguridad, Ciudadanos + Policías”, realizado el pasado 13 de noviembre, sociedad y gobierno dieron cuenta de los avances en materia de seguridad pública, uno de los principales ejes de gobierno.
Y es que, desde el inicio de la presente administración, el Gobierno Federal comprometió sus acciones en trabajar por un México en paz, poniendo este tema en su agenda central, lo que, por cierto, ha preocupado a muchos ciudadanos y expertos en la materia debido a los altos índices de criminalidad, a pesar de los ensoberbecidos logros y supuestos grandes golpes asestados a las bandas criminales.
Hoy, la agenda del Gobierno Federal parece no tener rumbo cierto para conseguir la paz prometida hace casi cinco años. Lo que parecía un triunfo en la palma de la mano, se ha transformado en la peor de las crisis. Esta situación se agrava cuando, en la guerra de cifras, se presumía de un avance certero en este rubro, pero las cosas van a la deriva.
“Causa en común”, organización no gubernamental responsable del citado foro, indica que “24 millones de mexicanos –uno de cada tres adultos– fueron víctimas de algún delito. Todos los crímenes de alto impacto van a la alza. Como ejemplo, el robo con violencia también tuvo un incremento de 38 por ciento en el último año”. Y qué decir del incremento en homicidios dolosos: 2 mil 300 asesinatos mensuales. Esto último haría que, al final del sexenio, haya 24 homicidios por cada cien mil habitantes. Es una “masacre de proporciones bélicas”.
Pero los mexicanos no deben guardarse sólo del delito de homicidio –que, por cierto, el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha informado que de enero a octubre del presente, casi 24 mil personas fueron asesinadas en México–, sino de otros ilícitos que ponen en riesgo la seguridad e integridad de miles de víctimas, en su mayoría ciudadanos humildes que no tienen presencia ni renombre públicos; sin embargo, son la principal fuerza del país, son los que mueven a México.
Ante los hechos, la reacción de las autoridades fue más bien como la de un boxeador que recibe tremenda golpiza, esperando ansiosamente el fin del round. Cierto reclamo de bullying –ese acoso físico o psicológico al que someten a un alumno indefenso– fue la mejor arma evasiva del gobierno, en contraste con el difícil panorama de la seguridad pública, admitiendo de alguna manera lo que se perfila como el fracaso de los principales ejes de esta administración.
La primera responsabilidad de un gobierno es otorgar garantías de seguridad a la sociedad. El marco legal de este país así lo atribuye al Estado mexicano al que le ha dado las fuerzas armadas y de seguridad para defender la integridad de la patria y sus ciudadanos. Si la autoridad solicita a la sociedad civil aportar ideas –como ha ocurrido– para acabar con la inseguridad, en nada abona que un simple dicho de hacer bullying venga a ser la mejor defensa para lo que no se ha podido hacer.
Desde luego que reconocemos la gran lealtad de todos los militares y policías quienes, día a día, entregan la vida por los demás; sin embargo, la capacidad política debe superar la resignación, acabar con la desmedida corrupción y afrontar al crimen sin transigir con la impunidad. Más que bullying, requerimos de autoridad y decisión.
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