Sin propuestas viables, vacíos, sentimentalistas, con cantaletas fofas y huecas, así son los mensajes de los distintos partidos políticos que compiten en las llamadas precampañas, curiosa ficción legal en la que todos los ciudadanos nos vemos bombardeados por el uso de los medios de comunicación masiva, pero que son “exclusivamente” dirigidos a la militancia de los partidos, a fin de elegir entre una supuesta variedad de precandidatos que, al final, no son conocidos por su plataforma o propuestas, sino por relumbrones y dotes particulares, hambre, sueños y visiones, pretendidas virtudes personales o pedigrí político por linajes dinásticos y familiares.
Las precampañas fueron determinadas para que los partidos políticos hicieran una elección ponderada de entre los múltiples candidatos, bajo propósitos de equidad. Como tales, pretendían la apertura del ejercicio democrático al interno de esos institutos para que la militancia eligiera en condiciones reales de competitividad para lanzar a hombres y mujeres más idóneos a la campaña. Uno de los beneficios era la austeridad en este período del proceso electoral para abonar en francas condiciones de ventaja entre precandidatos, y consolidar los principios electorales señalados en la Constitución.
Sin embargo, los costos de la democracia reflejan cómo la ciudadanía es bombardeada y se le hace tragar mensajes contra su voluntad, porque no hay diferencias entre precampañas y campañas, cuando los precandidatos únicos son entronizados sin menor competencia, como en el caso para obtener la Presidencia de la República. El impacto se mide en millones de pesos y de spots en radio y televisión, sin que los concesionarios ganen ni un céntimo por la transmisión de los mensajes. En el período de precampañas federales que va del 14 de diciembre de 2017 al 11 de febrero, más de 11 millones de spots son como una plaga que rezumbará e impactará en la ciudadanía.
No sólo se trata de la ocupación del espacio radioeléctrico con motivos electorales, además hay dispendio de recursos económicos que se suman al de las campañas a iniciar en marzo próximo. Para la Presidencia de la República, el tope máximo de gastos de precampaña será de 67 millones 222 mil 417 pesos; en el caso de las campañas será de 429 millones 633 mil 325 pesos. Para conseguir una curul en la Cámara de Diputados, el tope máximo de gastos de precampaña será de 252 mil 008 pesos, y para la etapa de campaña de 1 millón 432 mil 111 pesos hipotéticamente.
El remedio de la Reforma Electoral fue más caro que la enfermedad que afectaba a la democracia. La tarea es mayor cuando precandidatos y candidatos estarán obligados a la rendición de cuentas a través de los informes de fiscalización que deberán reportar a la autoridad electoral que, por cierto, los ciudadanos no conocemos de forma integral.
No obstante, el optimismo fiscalizador topa estruendosamente con el muro de la realidad que aprovecha los vacíos legales. Esa es la simulación. Abiertamente estamos en un periodo de campaña electoral con toda desfachatez, usando recursos que no deberían usarse para tales objetivos. Es el desafortunado juego en el cual pocos ganan, los partidos políticos, con casi medio año de campañas activas en este proceso electoral, mientras millones pierden, los ciudadanos, cada vez más atiborrados y decepcionados de esos partidos políticos y candidatos que prometen hasta las perlas de la Santísima Virgen en medio de las difíciles condiciones de seguridad y económicas de millones de mexicanos.
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