Más dinero, más delito…

El impacto y alta incidencia de los delitos del fuero común muestra la horrible condición del país y el fracaso de los sistemas orgánicos de combate al crimen, con la participación de los tres niveles de gobierno; en muchas ocasiones, la ciudadanía tiene cifras oficiales, “casos de éxito”, que en la realidad contrastan con la gravísima descomposición del tejido social.

El Observatorio Nacional Ciudadano, referente para tener de primera mano las condiciones sobre seguridad y justicia en México, pone de manifiesto cómo cualquier persona es vulnerable en su seguridad personal y patrimonial. A juicio de ese organismo, la crisis se agudiza y es crónica; desde hace más de una década, confluyen diversos factores que no deben reducirse solamente a la lucha entre los cárteles poderosos del crimen. El mal está arraigado en las mismas estructuras públicas, favoreciendo la impunidad sostenida por la corrupción.

De acuerdo con el Observatorio, “en materia de robos, las tasas de 2017 muestran porcentajes de crecimiento preocupantes, comparadas con las de 2016: 36.99% en robo con violencia; 36.18% en robo a negocio; 34.68% en robo a transeúnte; 15.50% en robo de vehículo”. A lo anterior se suma la manera en que otros delitos, que se decían a la baja, siguen cometiéndose con feroz atrocidad. Conforme a los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad (Envipe) 2016 del INEGI, el secuestro es otro mal lacerante. En 2016 se estimaron casi 70 mil personas que fueron privadas de la libertad de manera ilícita. La Envipe revela que 31 millones de delitos se reportaron en el país y los costos económicos son del 1.1% del Producto Interno Bruto, seis veces superior a los 36 mil millones de pesos necesarios para la reconstrucción de los Estados afectados por los sismos de septiembre.

Esta situación no puede pasar por normal. Sólo en días posteriores a la tragedia por los sismos, el escenario delictivo salió de las pantallas y lo que destacó fue el ánimo y solidaridad de miles de mexicanos; sin embargo, la realidad volvió a su crudeza cuando la opinión pública se enteró de robos de víveres y homicidios que no desaparecieron, sino que habían sido enterrados bajo los escombros de la cobertura informativa.

El presupuesto de egresos de la Federación 2018 apuesta a la seguridad, creciendo considerablemente los recursos para el combate al crimen. La Secretaría de Gobernación y áreas de seguridad interior como Policía Federal y Gendarmería pasarían de los 58 mil 187 millones de pesos a 63 mil 207 millones de pesos en 2018; es decir, un incremento superior a los 5 mil millones de pesos. Otros aumentos tendrían las secretarías de Marina y de la Defesa Nacional.

La inversión millonaria de recursos para combate al delito no ha sido respuesta eficaz para disminuir los índices. Ese dinero sigue alimentando los factores que nutren al crimen, a la manera de un tumor que necesita tejido sano para devastar al organismo. Los cuerpos policiales mantienen niveles bajísimos de profesionalización, y la impunidad es la levadura que incita a la desconfianza para descomponer la cultura de la seguridad. Los ciudadanos no se animan a denunciar sencillamente por miedo a un aparato de justicia que obedece más intereses mafiosos y corruptos que a derechos individuales. Más dinero a seguridad parece alimentar el crimen. El Observatorio Nacional Ciudadano lo apuntó claramente en sus conclusiones recientes. Otros factores más preocupantes subsisten haciendo que el delito cobre más y más víctimas: la pobreza, rezago, desigualdades sociales y la rampante inflación impacta cada días a millones de mexicanos que luchan cada día en múltiples frentes. Por un lado deben cuidarse de la delincuencia y, por el otro, enfrentan la voracidad de un sistema económicamente débil y enano que no otorga desarrollo ni estabilidad en el día a día de millones de ciudadanos.