El desarrollo social, un gran fracaso

Este 2017 se cumplieron 25 años de la creación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). La transformación en 1992 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, obedeció a la articulación de nuevas políticas para combatir la pobreza, propiciar la elevación de los estándares de calidad de vida y superar las barreras de las múltiples carencias que ponen a determinados sectores de población en franca desventaja respecto a otros grupos y polos de desarrollo del país.

La situación lamentable de la pobreza en México no deja de advertir y cuestionar cuál ha sido la capacidad efectiva de la política de desarrollo social, ni si realmente los múltiples programas tienen impacto suficiente para abatir ancestrales rezagos. La pobreza ha servido de bandera para enarbolar emblemáticos programas que, administración tras administración, quisieron desmarcarse de estrategias fallidas, cuando lo social fue usado como capital electoral. Pronasol (1988), Progresa (1995), Oportunidades (2000) y Prospera (2012), son las “estrellas” del combate a la pobreza; sin embargo, pese a los millonarios recursos invertidos, millones de personas –más de la mitad de la población mexicana– no salen de su espantosa realidad.

Según el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), “en 1992 el 53.1 por ciento de los mexicanos eran considerados pobres de patrimonio, lo que se tradujo en poco más de 46 millones de personas. Treinta años más tarde, dicho porcentaje es de 52.3 por ciento, lo que significa que más de 61 millones de personas se encuentran en esa situación de pobreza”.

Esto implica que, de acuerdo con ese organismo, “el número de personas en situación de pobreza en 2016 (53.4 millones) fue menor al reportado en 2014 (55.3 millones), aunque mayor que en el 2012 (53.3 millones) y que en 2010 (52.8 millones)”. La respuesta en cuanto a estos mínimos avances resulta también de la evidente dispersión e ineficacia de los programas existentes. De acuerdo con Gestión Social y Cooperación, organismo ciudadano ocupado en vigilar las tendencias de la pobreza, 47 por ciento de los programas fueron reprobados debido a la dispersión, falta de resultados en cuanto a sus objetivos y, sobre todo, la opacidad en el uso de recursos, que representan el 60 por ciento  del presupuesto federal anual asignado.

Al iniciar el proceso electoral 2017-2018 muchas tentaciones y suspicacias surgen en cuanto al uso imparcial y justo de los programas de desarrollo social. Aún no se conoce el resultado de las indagatorias relacionadas con funcionarios que han sido denunciados por el presunto uso electoral de recursos contra la pobreza en las pasadas elecciones. Y es evidente que, ante las irregularidades, la sospecha ciudadana surge cuando una Secretaría ocupada de este tema sensible puede usarse a modo, como caja chica del clientelismo para el impulso velado de cualquier candidatura a cargos de elección popular.

No se trata sólo de blindajes electorales. Lo ideal es que esa cartera sea ocupada por personas de impecable trayectoria y verdaderamente conocedoras de la realidad en la que están sumidas millones de almas en México. No se trata de una Secretaría que pueda ser ocupada por amigos o gestores políticos. El tema tiene particular relevancia cuando, en esta lucha por el poder, la pobreza se convierte en capital para conseguir lo que sea, sin importar los medios.