Control sobre todo

La clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, en Austin, publicó un análisis de los testimonios vertidos en juicios llevados a cabo, entre el 2013 y el 2016, en San Antonio, Austin y Del Río, Texas, contra integrantes de Los Zetas acusados de homicidio, conspiración para importación de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero. El análisis, de 60 páginas, fue patrocinado por la Clínica y el Centro diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” de la Diócesis de Saltillo.

El escándalo mediático que ha generado este análisis no es por lo que ya todos sabemos acerca del narco, sino por la forma en que éste fue penetrando las estructuras para mover completamente al gobierno de Coahuila, desde funcionarios de alto nivel hasta empleados municipales, quienes recibieron cañonazos económicos y sobornos del cártel con la finalidad de tener manga ancha para realizar sus actividades ilícitas en la entidad, punto estratégico hacia el mercado texano de las drogas.

La violencia fue moneda corriente para demostrar el poder, vulnerando los derechos humanos en el estado, sin ninguna garantía para los ciudadanos. Sabemos del triste y oscuro capítulo de la masacre de San Fernando en 2010. En el análisis puede leerse el testimonio de matanzas y desapariciones masivas como formas de control y venganza del crimen: “Secuestros, asesinatos, tortura y desaparición en contra de cualquier persona que Los Zetas consideraran una amenaza a sus operaciones ilícitas. Para ejercer control… también arremetieron en contra de personas inocentes que no estaban vinculadas al cártel”.

El análisis viene a sumarse a otros más sobre las deplorables condiciones de una región en vilo, la cual no parece tener soluciones efectivas frente a la zozobra que provoca la inseguridad; a cambio, abundan los remiendos populistas y electoreros. La Federación Internacional de Derechos Humanos y el Colegio de México han hecho lo mismo que la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas: denunciar la descomposición a niveles insospechados. Aún no puede, o no conviene, asestarse el golpe certero para desarticular vicios perniciosos arraigados y maquinarias criminales, impulsando un sistema político y económico estatal. No se descubre nada nuevo cuando Coahuila, todos los días, da nota sobre las tremendas disputas entre cárteles, con saldos rojos que tal parece que ya a nadie importan.

La entidad poco a poco se militariza, y se invierten millonarios recursos para el combate al crimen. Cerca de 8 mil efectivos militares tendrán presencia en ese estado cuando, al inicio del presente gobierno local –a concluir el próximo 30 de noviembre– eran 2 mil 500 elementos. Más y más cuarteles se construyen para una entidad sin tregua ante la imparable violencia.

No se necesita una bola de cristal para augurar lo inmediato, sobre todo si se trata de conseguir el poder político para encubrir la corrupción y descomposición estructurales. Los diversos reportes y análisis sobre la penetración del crimen en cualquier entidad de la federación, nos deja ver que lo que venimos arrastrando crece como gangrena sin amputar. Si existe poder corruptor del narco, es porque hay corrupción oficial e institucional. La violencia desmedida reportada en este año es la convulsión interior de la estructura política, que sabe cómo atar a la bestia del crimen. ¿O será que le conviene mantenerla furiosa?

Lo más grave de esos reportes es dar cuenta de lo elegido: un principio puesto por sobre todas las cosas: la corrupción como sistema. Y es que no importa el control sobre todo, con tal de pactar con el mismo Satán, aunque se traicione a la sociedad.