Chiapas, desastre humanitario

El sureste mexicano padece rezagos ancestrales que se acentúan conforme pasa el tiempo y las elecciones se avecinan. Chiapas es el caso más lamentable de pobreza, olvido y marginación polarizada por conflictos añejos, que toma fuerza cada fin de sexenio. Los más vulnerables son los sencillos, la gente humilde que anhela vivir en paz, mientras otros se enriquecen sin límite.

El pasado 28 de noviembre, el Consejo Presbiteral de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, encabezado por el obispo emérito Mons. Felipe Arizmendi Esquivel, denunció las condiciones “de verdadero terror” en la zona de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó. Cinco mil indígenas abandonaron sus hogares para salvar la vida. De acuerdo con el organismo diocesano, desde 1973, por errores atribuidos a la Secretaría de la Reforma Agraria, se suscitaron disputas territoriales. Desde entonces, no hay seguridad jurídica en esas comunidades. La grave denuncia es que ni las fuerzas armadas o policiacas han podido hacer frente a la situación que ya se califica como de desastre en Chiapas.

La reacción fue inmediata. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una serie de recomendaciones a la Secretaría de Gobernación, basándose en las declaraciones y testimonios del clero diocesano sobre las condiciones de los miles de desplazados chiapanecos: no cuentan con alimentos ni atención médica; no hay elementos necesarios para la subsistencia más elemental. Esta situación es aún más grave considerando que las personas desplazadas, según la información recabada por la CNDH, son mujeres embarazadas, menores de edad y personas mayores sin refugio y a merced de las bajas temperaturas de la región.

Estas inclemencias ya cobraron la vida de cuatro niños que no deberían haber muerto de hambre y frío. Según Mons. Arizmendi, la situación se recrudece; sin embargo, el problema no ha tenido solución a pesar de las solicitudes de mediación y pronta solución. El obispo emérito señaló en entrevista a medios que el conflicto viene arrastrando “desde hace más de 40 años”, y que está teniendo similitudes con la crisis de Acteal, recordada por la salvaje matanza ocurrida hace 20 años, el 22 de diciembre de 1997.

El grave problema de los desplazados llega a dimensiones que dejan descubrir lo que es un vicio arraigado y perpetuo, y que perjudica a los más pobres: la ausencia del estado de derecho, fortalecida por los manejos de poderosos con oscuros intereses desmedidos. No importa que para conseguirlos se pierdan vidas humanas.

Los signos apuntan a la obtención del poder ante la proximidad de comicios. El 1 de enero de 1994, la región vio un levantamiento armado que fue el crudo despertar de un año donde la tecnocracia y el neoliberalismo fueron sacudidos ante una realidad ignorada por décadas. Hoy la cosa no es mejor, viene empeorándose, las denuncias de la diócesis así lo indican cuando grupos ilegales “están obteniendo más armas y aumentan sus amenazas. Es imprescindible su contención, desarme y procesamiento judicial, para garantizar la desactivación de las causales del desplazamiento forzado”.

Este Estado del sureste mexicano es un foco rojo encendido que requiere atención inmediata. Las soluciones se han propuesto. No obstante, esto parece aplazarse cuando Chiapas comienza el proceso electoral para renovar el cargo de gobernador del estado el año entrante, junto con la elección federal para la Presidencia de la República. A decir de Mons. Felipe Arizmendi,  “lamentablemente ya todos andan buscando qué les va a tocar en el siguiente puesto, en la siguiente elección, y ya lo que menos les importa son las matanzas entre el propio pueblo”.