En estos días recientes, en el Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa de ley para destipificar el delito de aborto, firmada por diputados de casi todos los partidos políticos, lo cual es aún más preocupante.
¿Qué significa esto? Recordemos que en esta ciudad el aborto no es punible cuando se consuma antes de la semana 12 de gestación, lo cual ha traído como consecuencia la muerte de 277 mil seres humanos desde el 2007 a la fecha, tan solo en los servicios públicos de la ciudad, sin contar los centros privados.
Con la reforma legal que se pretende impulsar, ahora se permitiría abortar durante todo el embarazo. Esto trae varias aristas a considerar.
Primero. La despenalización del aborto hasta el nacimiento violaría el principio de proporcionalidad y la protección progresiva del derecho a la vida, establecidos en la Constitución mexicana y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Además, ignoraría el deber del Estado de proteger la vida del nasciturus en etapas avanzadas de gestación.
Segundo. Las mujeres en situación de vulnerabilidad económica y pobreza serían las más afectadas, enfrentando mayores riesgos de coerción, violencia y exclusión de políticas públicas que aborden sus necesidades reales, como el acceso a servicios de salud de calidad y apoyo económico.
Tercero. Los abortos tardíos presentan un mayor riesgo de complicaciones físicas (como hemorragias y perforaciones uterinas) y psicológicas (trastornos de ansiedad y depresión). Estudios indican que los abortos realizados después de las 20 semanas aumentan drásticamente la mortalidad materna.
Cuarto. México, como firmante de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene la obligación de proteger la vida desde su concepción. La despenalización total iría en contra de estos compromisos y de los estándares internacionales de derechos humanos.
Quinto. Despenalizar el aborto hasta el nacimiento, contravendría los principios bioéticos de no maleficencia y justicia, ignorando la capacidad neurológica avanzada del feto en etapas tardías para sentir dolor, lo que le otorga derechos éticos que requieren protección especial.
Si tenemos tantas razones jurídicas, científicas y éticas para no aprobar dicha reforma, ¿qué impulsaría a una reforma de este tipo? Sin duda, la ideología, aquella que se desapega de la razón, la ciencia y los derechos humanos, la cual busca satisfacer sólo una visión de la vida.
Apelamos a los legisladores locales de la Ciudad de México a que revisen con seriedad las implicaciones de la reforma planteada y rechacen una violación tan seria en materia de humanismo.
Encomendamos, como siempre, a Santa Maria de Guadalupe a todas las mujeres de este país, a sus hijos y a cada uno de los legisladores de la Ciudad de México para que la razón y el amor pueda hacerles ver el camino correcto.
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