San Francisco de Asís, en su Cántico de las Criaturas, hablaba de “la hermana agua”, el agua como una creación de Dios que ha sido puesta a beneficio y cuidado del hombre.
“El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”, nos ha dicho el Papa Francisco.
Este recurso no solo se ha vuelto escaso: se ha convertido en el centro de disputas y desigualdades sociales, de acuerdo con el informe “No dejar a nadie atrás”, de la Organización de las Naciones Unidas.
Mientras comenzamos a entrar a la temporada de calor, la zona metropolitana del Valle de México vive cortes de agua forzados por la escasez en el sistema Lerma-Cutzamala, que se encuentra a menos de la mitad de su capacidad.
El “día cero”, el momento en que el agua sea insuficiente para abastecer las necesidades básicas de más de 20 millones de personas que habitan esta región, parece estar cada vez más cerca.
Diversos estudios señalan que, en un futuro próximo, si no se hace algo para detenerla, la escasez del agua podría traer consecuencias graves para la salud y forma de vida de las personas y comunidades, tanto urbanas como rurales y, por supuesto, una mayor desigualdad social y económica.
El acceso al agua es un derecho humano, pero desafortunadamente no todos gozan de él. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, la población que recibe el servicio diario de agua potable y saneamiento mejorado en la Ciudad de México es de 70.3%, mientras que para el Estado de México es del 48.4%. Este porcentaje se reduce a medida que nos acercamos a las periferias.
En palabras del Papa Francisco: la gestión arbitraria de los recursos hídricos, su distorsión y contaminación, perjudican especialmente a los pobres y son una afrenta vergonzosa ante la que no podemos permanecer indiferentes.
Por ello, es necesario que las autoridades de gobierno tomen acciones que permitan el acceso constante al agua potable y de calidad, especialmente en las comunidades más pobres.
Las políticas públicas deben garantizar el desarrollo y mantenimiento de infraestructura en las zonas de escasez y tomar en cuenta factores externos como las cada vez más frecuentes sequías, derivadas del cambio climático.
También es importante invertir en tecnología que permita el correcto tratamiento de aguas residuales, así como la captación de agua de lluvia.
Este no es un problema único de los gobiernos. Hay una gran responsabilidad social, que nos llama a todos, sin excepciones, a cuidar y hacer buen uso del agua. Cualquier estrategia para revertir la escasez pasa por la transformación de nuestros hábitos de consumo.
El agua es esencial para la vida, el desarrollo y la dignidad de todas las personas y comunidades. Es un derecho humano y, en su distribución y cuidado, gobiernos y sociedad civil deben tener puntos de encuentro para construir un futuro sostenible y que garantice con justicia el derecho al agua.
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